La trampa de la verificación de edad

Hay pocos temas relativos a la regulación de internet que hayan generado mayor discusión, y aparente consenso transversal, que la restricción de redes sociales a menores de edad. Luego de varias décadas de avance de estas tecnologías digitales, su uso ha generado cambios en la manera en que nos comunicamos, interactuamos con el mundo que nos rodea, aprendemos y socializamos. También, naturalmente, en la manera en que perdemos el tiempo. Cuando algunas de estas dimensiones se relacionan con menores de edad -niños, niñas y adolescentes-, las alertas resuenan con mayor fuerza, el pánico acelera las reacciones y se desata la creatividad regulatoria.

Así es como en Australia, el Reino Unido, la Unión Europea, Brasil, algunos estados en los Estados Unidos -entre otros- distintos organismos del Estado han anunciado pasos hacia la prohibición del uso de redes sociales por parte de menores de edad para cuidar la salud mental de este sector de la población. Como es de esperar, cada una de estas iniciativas tiene sus particularidades: algunas fijan edades diferenciadas para la restricción, otras establecen modelos de supervisión o divergen en qué es exactamente lo que se restringe. Pero todas parten de dos supuestos. Uno, que existe un daño que es necesario mitigar; dos, que la verificación de edad en internet es la mejor manera de hacerlo.
Pese a que dista de ser un asunto sobre el que haya consenso, asumamos que el primer supuesto es cierto y vayamos al segundo. ¿Es la restricción de redes sociales la mejor forma de evitar los daños en menores de edad? Aquí van tres ideas que pueden ayudar a responder la pregunta:

Primero, establecer controles para el acceso a redes sociales es un intento de resolver el problema a través de medidas indirectas que no solucionan la cuestión de fondo. Es decir, supone que si los niños, de un momento a otro, dejan de acceder a redes sociales se eliminarían los problemas de ansiedad y salud mental que las plataformas supuestamente provocan. La protección de los menores es un problema complejo, multisistémico, que debe ser tratado de manera colectiva por gobiernos, escuelas y familias, entre otros actores.

Segundo, los mecanismos de verificación de edad implican siempre el procesamiento de datos. Si el cumplimiento de la medida involucra la recopilación de más información personal (como documentos de identidad, información biométrica, señales de comportamiento u otros), tanto de adultos como de menores, eso no solo deja el problema inicial sin resolver sino que genera enormes espacios de exposición de datos personales, que son una fuente de riesgo para la seguridad y privacidad de las personas usuarias.

Por último, es necesario discutir si la verificación de identidad en línea es una forma adicional de vigilancia masiva. Aun aceptando la premisa del daño, este no se produce porque los usuarios sean menores de edad, sino porque internet se ha convertido en un espacio de targeting agresivo a través de la elaboración de sofisticados perfiles comerciales. Una medida que suponga mayores niveles de procesamiento de datos es inconducente y alimenta el modelo de negocio que origina el problema, al mismo tiempo que se puede convertir en un mecanismo de control masivo.

Los problemas sociales no se resuelven con más tecnología. Asumir que la prohibición de acceso (que por lo demás Australia ha demostrado lo difícil que es poner en práctica de manera efectiva) o que la mayor acumulación de datos terminarán con la problemática es un acto de tecnosolucionismo. Estas medidas esquivan el problema de fondo, que son los mecanismos comerciales de vigilancia a los que sometemos -tanto a mayores como menores de edad- cada vez que quieren interactuar con otros a través de plataformas comerciales.